¿Que Pasa Vicente Lopez?

¿A que se deben el 8N y el 7D?

Tenemos una ley, la 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), que nació de un profundo debate social, comunicacional, jurídico y político; transversal e intergeneracional. Debatida en foros a lo largo y ancho del país y aprobada por nuestro parlamento con amplias mayorías (146 a 3 en diputados y 44 a 24 en senadores).

Sin embargo, el Grupo Clarín, en uso legitimo de sus derechos, fue a la justicia a buscar algún juez federal permeable a sus intereses y lo encontró. El juez Edmundo Carbone, que se jubilo el año pasado, dictó la primera medida cautelar a favor de la empresa, confirmada luego por la Cámara Civil y Comercial. Tras la apelación del Estado, la Corte mantuvo la medida provisoria pero dijo que no podía durar de manera indefinida. Carbone no quiso fijar el “plazo razonable”, y por eso lo hicieron los camaristas, hasta diciembre de 2013. Entonces fue cuando el tema volvió al máximo tribunal.

La Corte Suprema, por unanimidad, redujo la fecha al 7 de diciembre de 2012, señalo que no esta en juega la libertad de expresión y remarco que el Grupo “no aporto ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad (…) en sus escritos no hay mas que menciones generales”.

Con los 3 poderes del estado avalando la aplicación de una Ley Fundamental para la democracia, con la fuerza política más importante del país, las centrales sindicales, las universidades, los movimientos sociales y la mayoría de los medios de comunicación exigiendo la aplicación, no debería haber ya más inconvenientes. Es en este punto donde se verifica la dimensión del poder del Grupo Clarín, que mediante operaciones judiciales y, sobre todo, apelando a la desestabilización política, pretende impedir la aplicación de la norma.

En el plano jurídico buscan ubicar un juez que declare la inconstitucionalidad del artículo 161.

En el plano político, vienen “moviendo la calle”, convocando a los cacerolazos, insubordinación de las fuerzas de seguridad y generando un clima de miedo e incertidumbre entre los sectores medios que, por cierto, son muy permeables a las operaciones mediáticas.

La estrategia del Grupo se basa en la movilización social para amedrentar al Gobierno Nacional y disuadirlo de aplicar la ley. Esperan que el clima social, sobre todo tras los cacerolazos, los proteja de las resoluciones del AFSCA, que según sus análisis, serian imposibles de aplicar si caotizan Buenos Aires y las principales ciudades del Interior. Hay que leer entrelineas y tomar en cuenta que no es la falta de dólares o la cadena nacional, es el 7D.

Un gobierno tibio y temeroso, frente a una situación como ésta, juntaría los pertrechos y esperaría condiciones mas favorables (así pasaron 30 años con la ley de Radiodifusión de la dictadura). Pero Cristina no es una Presidenta que se deje amedrentar, sino que por el contrario, considera estas luchas como constituyentes de una identidad política y de una democracia más solida, por lo que el choque de planetas es – por suerte – inevitable.

El 7D sólo será posible con el pueblo movilizado.